El sistema de pensiones irlandés
En la última década, el debate sobre el papel de la protección social surgió en el contexto de la cooperación al desarrollo y, por tanto, empezó a cobrar importancia en muchos países del mundo en desarrollo. Varios países en desarrollo de América Latina, África y Asia empezaron a aplicar medidas de protección social, como por ejemplo las transferencias (condicionadas) de dinero en efectivo[1] para proteger a los grupos más pobres y especialmente vulnerables contra los choques y riesgos en etapas difíciles de la vida, como por ejemplo la infancia, la maternidad o la vejez.
En este contexto, las pensiones no contributivas de vejez financiadas a través de los impuestos y proporcionadas por el Estado – especialmente para aquellos que no participan en otros regímenes estatales de seguro de vejez – surgieron y ganaron importancia en los países en desarrollo en los últimos años. Los donantes y las instituciones internacionales, así como los gobiernos de los respectivos países, reconocieron y destacaron la importancia de estos regímenes y su papel en la protección de los ancianos pobres.
Este documento trata de las condiciones que permiten y de las fuerzas que impulsan la aplicación de los regímenes universales de pensiones sociales no contributivas. Quiere explorar cuáles han sido los principales factores para su implantación en diferentes países en desarrollo en los últimos años. De este modo, el análisis se centra en el discurso internacional y en las fuerzas externas que impulsan la implantación de un determinado régimen de pensiones. Se han recogido datos de los países en desarrollo más pobres con un régimen de pensiones universal en los que se ha implantado un régimen de pensiones universal en las dos últimas décadas: de Bolivia, Lesotho y Nepal, y en parte de otros países en los que ya existen estos regímenes, a saber, Namibia, Mauricio y Botsuana.
Siempre forma parte de una discusión con un cliente, especialmente con aquellos que están a 10 años de recibir su pensión estatal. En el caso de una persona de la pareja que nunca ha trabajado; tal vez haya trabajado en el extranjero, o tal vez simplemente no haya trabajado lo suficiente como para obtener las cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión estatal contributiva en Irlanda.
La buena noticia es que pueden tener derecho a lo que se conoce como pensión no contributiva. Esta pensión se paga a los mayores de 66 años que residen en Irlanda. Se paga a un tipo superior al 95% del tipo máximo de la pensión contributiva. Esto significa que, mientras que el tipo máximo de una pensión contributiva es de 243,30 euros a la semana, pueden llegar a cobrar hasta 232 euros a la semana, incluso si no ha cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral.
La otra gran diferencia es que, mientras que puede seguir recibiendo la pensión estatal contributiva aunque ya no resida en Irlanda, debe permanecer aquí para seguir recibiendo la paga no contributiva. Por tanto, ¡no hay que trasladarse a la Costa del Sol!
IntroducciónMéxico está envejeciendo rápidamente. De 2010 a 2050, se proyecta que la población de 60 años y más aumente de 8.9% a 21.5% de la población total [1]. Este crecimiento ocurrirá dentro de una transición epidemiológica “mixta” en la que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas coexiste con la continuidad de una incidencia moderada o alta de enfermedades infecciosas [2]. Este crecimiento es un reflejo del que se está produciendo en otros lugares; a nivel mundial, la población de edad avanzada está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad.
La pobreza en la vejez es común en los países de ingresos medios y bajos [3]. En México, en 2014, el 21,2% de los adultos de 65 años o más tenían un ingreso mensual inferior a la línea de bienestar mínimo de 131,40 dólares en paridad de poder adquisitivo (PPA) [4,5]. La pobreza en la vejez en México se debe en parte a la falta de cobertura universal del sistema de seguridad social. México, al igual que otros países de ingresos medios y bajos, cuenta con apoyos limitados para una población que envejece, dejando a las familias principalmente a cargo de proporcionar cuidados y seguridad económica a los adultos mayores [2].